Al adquirir una propiedad en Mallorca, es crucial entender las cargas registrales que pueden afectar el inmueble. Estas cargas, que incluyen hipotecas, servidumbres y anotaciones preventivas, pueden impactar significativamente el valor y las condiciones de uso de la propiedad. Este artículo explora los tipos más comunes de cargas registrales y ofrece orientación sobre cómo identificarlas y gestionarlas, garantizando una compra segura y sin sorpresas.

El Decreto Ley 3/2024 introduce un nuevo mecanismo para la legalización extraordinaria de construcciones en suelo rústico en Mallorca. Esta guía explica el procedimiento, costos y nuevos requisitos, incluyendo mejoras ambientales y restricciones para el alquiler turístico.

La cédula de habitabilidad es fundamental para contratar servicios básicos y realizar transacciones inmobiliarias en Mallorca. Aprende sobre los tipos de cédulas, el proceso de obtención y las implicaciones legales en la compraventa y alquiler de inmuebles.

El mercado inmobiliario de Mallorca experimenta una alta rotación de propiedades que, tras ser reformadas, se venden obteniendo significativas plusvalías. Este artículo profundiza en cómo estos gastos de reforma impactan la fiscalidad en la venta de inmuebles, tanto para residentes como para no residentes en España.

La ley distingue entre "inversiones y mejoras" (que añaden novedades al inmueble) y "reparación y conservación" (mantenimiento del estado funcional), pero además, las interpretación de la norma es especialmente restrictiva respecto de lo que pueda considerarse mejora del inmueble. En este artículo analizamos las diferencias entre unos y otros a la hora de poder aplicarse para minorar la ganancia patrimonial en la venta del inmueble y aportamos soluciones para poder justificar la validez de su aplicación.

Esta guía detalla diez consejos imprescindibles para inquilinos en España, basados en la experiencia en Derecho Inmobiliario. Incluye recomendaciones sobre la relación con el arrendador, la importancia de conocer derechos y obligaciones, y cómo evitar cláusulas abusivas. También cubre la necesidad de verificar la capacidad del arrendador para alquilar, la importancia de contratos claros, y cómo manejar el pago de honorarios a inmobiliarias y el cuidado del inmueble.

La Ley 12/2023 introduce cambios en el sector inmobiliario, enfocándose en la protección del consumidor y la transparencia. Aunque no aporta grandes novedades respecto a leyes anteriores, sí detalla las obligaciones informativas de los agentes inmobiliarios. Uno de sus aspectos más controvertidos es la cláusula que obliga a proporcionar "cualquier otra información relevante", un término ambiguo que podría llevar a complejidades legales y sanciones. La ley, aunque bienintencionada, genera incertidumbre para los agentes y podría incrementar los costes para los vendedores.

En el ámbito de los arrendamientos, existe una creencia errónea conocida como "el mito de los 11 meses", que sugiere que firmar un contrato de arrendamiento por menos de un año puede eludir las obligaciones establecidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, esta práctica, que busca diferenciar entre "arrendamientos de vivienda" y "arrendamientos para uso distinto del de vivienda", no logra esquivar las normas obligatorias de la LAU. A pesar de los intentos fraudulentos, la jurisprudencia ha sido clara al destacar que la esencia de un arrendamiento no se define por su duración, sino por la causa o finalidad del contrato. Es esencial que las partes definan claramente sus intenciones al firmar, evitando modelos estandarizados y reflejando la situación real de ambos en el momento de la contratación.

En el mercado inmobiliario español, la estructura de "dos pasos" es predominante, articulándose la mayoría de las transacciones a través de un contrato privado y un posterior documento público (escritura).

El contrato privado es crucial, ya que establece las bases y obligaciones de la operación. Con él se perfecciona la obligación de compra-venta, y debe definir aspectos fundamentales como el objeto, el precio y los términos. Adecuadamente redactado, brinda a las partes seguridad jurídica sobre el negocio y las implicaciones en la fase previa a la formalización notarial de la venta, por lo que su adaptación al caso específico resulta esencial.

Por su parte, la consumación, o cumplimiento de lo previamente acordado, se realiza generalmente mediante la escritura pública, que permite la inscripción en el registro de la propiedad y culmina la transferencia efectiva de la propiedad.